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Viernes, 21 Septiembre 2018 20:55

La familia, base nuclear de la sociedad

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Anglada: España es el país de la UE con más desigualdad legal entre hombre y mujeres”.  

Publicado en el Dgigital Alerta Nacional, el 21 de septiembre de 2018 

L. Romero.- Josep Anglada, concejal en Vic y líder de Som Identitaris-Somos Identitarios, ha denunciado hoy las leyes de género y abogado por su derogació. También ha criticado con dureza a las organizaciones feministas radicales, a su juicio responsables de la “disolución moral” y “ruptura” de muchas familias españolas. De entrada, Anglada defiende la premisa de que ocho de cada diez denuncias por maltrato son falsas y arremete contra el protocolo de actuación que establece la detención del denunciado, independientemente de su culpabilidad o no. “Me parece una aberración legal propio de repúblicas bananeras. Imagínese una denuncia contra un ciudadano X por un supuesto atraco a una entidad bancaria y que el denunciado se tuviese que ver obligado a probar su inocencia. Y que en el caso de que la denuncia se demostrase falsa, que al denunciante se le eximiera de cualquier responsabilidad penal. Esto, insisto, sería una aberración desde todo punto de vista. España es el país de la UE con más desigualdad legal entre hombres y mujeres”. Y apostilla: “No hay Estado de Derecho cuando una embustera compulsiva puede destrozar la vida de cualquier hombre”.

Para reforzar sus puntos de vista respecto a la “estigmatización del hombre”, el líder identitario recurrió a un caso relatado por el juez Serrano: “Un ecuatoriano es denunciado por malos tratos y se le detiene inmediatamente. Se le juzga y absuelve porque los hechos no están acreditados. Ese ecuatoriano pidió la nacionalidad, pero se le denegó con el argumento de que había participado en un maltrato… aunque fue absuelto. De igual forma, si un padre pide la custodia compartida, como haya una denuncia admitida de maltrato no se le da, aunque después sea archivada. ¿No puede ser eso maltrato institucional?”.

Cuestiona asimismo la norma establecida sobre la base de que toda mujer, por el hecho de ser mujer, esté en una situación de desigualdad, inferioridad, sumisión respecto a su pareja, lo que a su juicio es falso. “¿Cuántos hombres han sido asesinados por sus parejas desde que se aprobó la ley? Muchos y de eso nadie se entera. ¿No es eso violencia de género? Hasta ahora, cuando una mujer era asesinada por su pareja se decía que ‘algo habría hecho ella’. Ahora, cuando un hombre es asesinado por una mujer se dice que ‘seguro que se lo merecía’ o que lo había hecho en legítima defensa”.Un hombre subido en una grúa protesta contra las denuncias falsas por violencia de género Señala también que hasta el año 2006 existía una estadística de más de 630 hombres que se habían suidado cuando estaban en una situación de crisis de pareja. “El INE dejó de publicar esa estadística porque venía a desmentir el cúmulo de falacias y mentiras sobre los que se asienta la ideología de género”, subraya.

Así mismo, el dirigente identitario se adhiere al informe presentado por “familias en derechos” sobre la introducción del llamado “derecho penal de autor” en la ley de violencia de género, “propio de las dictaduras o regímenes totalitarios, y que trata penalmente de forma distinta a los hombres y a las mujeres, aplicando no sólo penas sino todo tipo de mecanismos procesales y extraprocesales distintos por razón de sexo, criminalizando al hombre de partida por el mero hecho de serlo, con efectos devastadores sobre la infancia”. Padres separados contra las falsas denuncias “En base a la Ley de violencia de género, y su desarrollo posterior en distintos protocolos de actuación en distintos ámbitos (policial, servicios sociales, asistencia jurídica a través de los colegios de abogados, etc), se asignan todo tipo de ayudas de carácter asistencial, como son la asistencia jurídica gratuita, tratamientos especiales en cuanto al cese voluntario de la supuesta víctima en su centro de trabajo, ayudas económicas, casas de acogida… en gran parte financiado con los fondos europeos. Para ello, basta con una simple denuncia, sin prueba alguna contra la pareja o ex pareja, y sin haber sido instruida causa alguna en el Juzgado, ni mucho menos haber sido condenado el hombre, ya se otorgan todas estas ayudas. El 80% de las denuncias son archivadas o sobreseídas. Ni los juzgados ni la fiscalía, por instrucciones directas del Gobierno, actúan de oficio por un delito de denuncia falsa, por lo que no se devuelven posteriormente todas las ayudas que se fueron concediendo en base a esa denuncia. Esto hace que el propio sistema se retroalimente de manera progresiva, alentando en un ciclo perverso la interposición de denuncias falsas con fondos europeos: a más denuncias, más dinero. Los fondos europeos por lo tanto, se asignan finalmente sin fundamento ni justificación, dado que en la mayoría de los casos, se otorgan ayudas en base a denuncias injustificadas que se archivan, generando un sistema que se retroalimenta y que viola los principios de seguridad jurídica y cualquier criterio objetivo y fundamentado de asignación de esos fondos”, apunta el dirigente identitario.

Alerta igualmente acerca de “las consecuencias sobre decenas de miles de menores, hombres, familia extensa, mujeres, abuelos, que constituyen violaciones sistemáticas de derechos humanos y consecuencias graves en el desarrollo natural de los menores afectados”. Insiste en que la magnitud del fenómeno en España es desconocida en cualquier sistema judicial de los analizados en Europa, donde no existe “derecho penal de autor” como en nuestro país.

La familia, base nuclear de la sociedad

Por otra parte, Anglada hace una encendida defensa de la familia como base nuclear de la sociedad. “Hoy, la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es reconocer lo bello, auténtico, y bueno que es formar una familia, ser familia; lo indispensable que es esto para la vida del mundo, para el futuro de la humanidad”.

Tras comprometerse a defender los intereses y derechos de las familias numerosas, afirma que su objetivo es conseguir para estas familias el reconocimiento social y económico que les corresponde por su especial contribución a la sociedad y, en consecuencia, otorgarles facilidades en el acceso a bienes y servicios, tanto públicos como privados.

Alerta Nacional

Vic, 21 de septiembre del 2018

 

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